DDyTorrent II: Fuente; RNE

31 enero 2010

Fuente; RNE

Brasil prepara una ley de descargas opuesta a la española:

Brasil va en serio y quiere que todo el mundo se entere: no criminalizará al internauta, no seguirá a pies juntillas lo que diga ninguna sociedad de autores y creadores y pretende atraer la inversión mundial como el paraíso del software abierto en su nueva ley de derechos de autor.

"Internet no puede ser objeto de una regulación que la constriña y lo someta a la censura", proclama la candidata del Partido de Lula da Silva, Dilma Rouseff, ante una sala de prensa improvisada -y abarrotada- junto al espacio de la innovación de la Campus.

"En un país como Brasil, Internet tiene que ser un derecho", recalca mientras blogueros y campuseiros se agolpan en los extremos de la sala.

Rouseff habla de la importancia de que la banda ancha llegue a todos, incluso a los más pobres del Amazonas, aunque no sea rentable. Elogia a los blogueros, el papel de Twitter como herramienta inmediata de información. Le gusta la Campus y el sentimiento parece mutuo.

Ella pone la poesía y el ministro en funciones de Cultura de su Gobierno. Alfredo Marevy, ha añadido la prosa.

Fuente:

http://www.rtve.es/noticias/20100129/brasil-prepara-ley-descargas-opuesta-a-espanola/315074.shtml

ManifiestO:

"En defensa de los derechos fundamentales en Internet"

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

02-12-2009

Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

http://www.internautas.org/

DDyTorrent II

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31 enero 2010

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